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El «derecho a la ciudad» de Henri Lefebvre rara vez ha sido examinado a través de una lente feminista interseccional, dejando desapercibidas las cargas desiguales que el diseño y la política urbana imponen sobre las mujeres. Este artículo aborda esa brecha combinando análisis constitucionales, datos de encuestas (n = 736), entrevistas en profundidad y observación participativa para evaluar cómo los espacios públicos de Quito afectan la seguridad y movilidad de las mujeres.
Los resultados cuantitativos muestran que el 81% de los encuestados sufrió comentarios sexuales o ofensivos, el 69,8% sufrió gestos obscenos y el 38% padeció hostigamiento severo en el mes anterior a la encuesta; 43% de estos incidentes ocurrieron solo días o semanas antes, subrayando su naturaleza rutinaria. Las narrativas cualitativas revelan adaptaciones de comportamiento -rutas alteradas, códigos de vestimenta autocontrolados y desconfianza hacia las autoridades- e identifican los corredores mal iluminados y la presencia institucional débil como amplificadores espaciales de la violencia.
El análisis del programa «Ciudad Segura» de Quito revela un abismo entre su ambiciosa retórica y su estrecha implementación centrada en el transporte. Concluimos que las garantías constitucionales de participación, apropiación y vida urbana seguirán siendo aspiracionales hasta que la planificación urbana incorpore un diseño sensible al género, asegure recursos intersectoriales e integre la participación sustantiva de las mujeres a lo largo de los ciclos políticos.